La reforma judicial preocupa a los dos embajadores y a muchos mexicanos
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Hace unos días, los embajadores de Estados Unidos y Canadá expresaron su oposición a las reformas judiciales en México, que el Congreso podría aprobar en septiembre. Ken Salazar, el embajador estadounidense, advirtió al respecto "La elección popular directa de jueces es un gran riesgo para la democracia en México (...) Las elecciones directas también facilitarían que los cárteles y otros actores maliciosos exploten a los jueces (...) Cualquier reforma judicial debe tener salvaguardias para garantizar que el poder judicial esté fortalecido y no sea susceptible a la corrupción política.” Graeme Clark, embajador de Canadá, señaló que los inversores de su país están "preocupados, quieren estabilidad, quieren un sistema de justicia que funcione si hay problemas".
Estas declaraciones, especialmente las del exfiscal estatal de Colorado y un exsenador de ese estado, provocaron la indignación del presidente Andrés Manuel López Obrador. El viernes por la mañana preguntó: "¿Y quiénes son ellos para dar su opinión sobre los asuntos de México?". y anunció que había enviado cartas diplomáticas a los gobiernos de ambos países "porque no aceptamos que representantes de gobiernos extranjeros interfieran en asuntos que sólo los mexicanos deben resolver". La recién electa presidenta Claudia Sheinbaum también anunció en redes sociales: “Información muy relevante: en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América los jueces son elegidos por voto popular”, aunque omitió que son jueces estatales, no federales.
Como señaló Claudia, en 22 estados americanos los jueces son elegidos en elecciones partidistas o no partidistas. En las elecciones partidistas, los jueces se presentan con afiliaciones políticas, lo que permite a los votantes considerar sus preferencias. En estados no partidistas como Georgia y Washington, se centran en las calificaciones del candidato.
Además, se combinan elecciones y nombramientos en 21 estados. La selección por mérito con elecciones de retención es común, donde los jueces son nombrados y luego enfrentan elecciones para decidir su mandato. Missouri y Colorado utilizan este método para equilibrar la supervisión pública y la experiencia judicial. En California y Nueva York, se nombran jueces de apelación, mientras que se eligen jueces de primera instancia.
Finalmentesólo en siete estados los jueces son nombrados, generalmente por el gobernador con confirmación legislativa. En Washington, DC, son nombrados por el Presidente y confirmados por el Senado. Como mencioné antes, todos los jueces federales y magistrados de la Corte Suprema son nombrados por el presidente, confirmados por el Senado y designados por el presidente.
A pesar del enojo de AMLO y las opiniones de Sheinbaum, los embajadores expresaron preocupaciones legítimas sobre la independencia judicial y la estabilidad económica bajo la reforma propuesta, que muchos mexicanos comparten. Elegir jueces mediante votaciones busca aumentar la participación ciudadana y combatir la corrupción, pero es crucial considerar los riesgos y garantizar que cualquier reforma preserve la imparcialidad del poder judicial. La sostenibilidad de estas preocupaciones dependerá de cómo se implemente la reforma y de salvaguardias apropiadas para proteger la independencia del poder judicial.
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